Carmen Francisco apoya la Ley de Muerte Digna y demanda recursos para su ejecución

Dic 3, 2009

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La doctora María del Carmen Francisco López, presidenta de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos (SACPA) ha comparecido ante la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía, que preside la parlamentaria gaditana Raquel Arenal, para expresar su opinión sobre el proyecto de Ley de Muerte Digna, que actualmente se encuentra en su fase de discusión parlamentaria. En su intervención, la doctora Francisco ha recordado a los parlamentarios que «la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, que presido, representa, precisamente, al colectivo que debe garantizar – en la práctica diaria- el cumplimiento de esta ley pionera en España. Una norma con la que estamos de acuerdo y que era necesaria». La doctora Francisco, aprovechando un acto institucional, ha hecho llegar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, su enhorabuena por afrontar este derecho recogido en el Estatuto de Andalucía.
La presidenta de la SACPA, resaltó en su intervención parlamentaria el grado de colaboración de su sociedad científica porque «de hecho nuestras alegaciones han sido tenidas muy en cuenta por el equipo redactor durante el proceso de elaboración del anteproyecto, por lo que son conocidas ya por todos ustedes», manifestó a los diputados andaluces de la Comisión de Salud.
Sin embargo, además de sobre la ley, la doctora Francisco se pronunció en defensa del colectivo que desarrolla su trabajo en Andalucía en el campo de los cuidados paliativos. «Forman parte de nuestra sociedad científica más de doscientos profesionales –entre médicos, enfermeros y enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales- con una experiencia suficientemente acreditada a lo largo de los años, que no debe ignorarse».
«El proyecto de ley establece un marco normativo para situaciones y actuaciones que requieren decisiones difíciles en el final de la vida, regulando el ejercicio de los derechos de los pacientes, el respeto a su autonomía, y las actuaciones de los profesionales, instituciones y centros sanitarios ante cuestiones como la limitación de esfuerzo terapéutico, el rechazo de tratamientos, o la sedación paliativa. Y como toda norma, es mejorable. Y debe tener en cuenta el factor profesional», afirmó la presidenta de la SACPA.
«Por eso, aprovechando estos diez minutos que nos conceden, quiero expresarles mi inquietud sobre algún aspecto de la aplicación futura de la ley. Por varias razones. En su texto debe quedar claro el compromiso de la Administración, de que los profesionales que velarán por el cumplimiento de la ley estatutaria tendrán el perfil idóneo y la experiencia acreditada para realizar dicha labor. Y eso no se adquiere con un curso de quince días sino a lo largo de años de experiencia profesional en el campo de los cuidados paliativos».
La presidenta de la SACPA exigió en el curso de su intervención que «debe quedar claro, en el texto legislativo o en su reglamento, que la Administración se compromete a ampliar el número de Unidades de Cuidados Paliativos y Equipos de Soporte, y la dotación de los ya existentes, facilitando la equidad en el acceso a dichos recursos, mejorando su implantación en el sistema sanitario público andaluz, fomentar la formación de los profesionales de los recursos generales, y promover su coordinación con los recursos avanzados de Cuidados Paliativos, mediante la implantación del Proceso Asistencial Integrado e implantar la acreditación de los profesionales en Cuidados Paliativos».
«¿Qué les quiero decir con todo esto?», se preguntó la doctora Francisco: «Que una vez que ya tenemos un marco legislativo hay que pintar el cuadro, dotarlo de contenido, es decir de recursos, formación y profesionales acreditados. Las leyes no son nada si no aparecen reflejadas con cifras concretas en los Presupuestos de la Junta de Andalucía. Y eso debe quedar claro desde el primer momento. Al mismo tiempo les transmito una inquietud existente en nuestro colectivo acerca del futuro de muchos profesionales andaluces, formados en la experiencia diaria de los paliativos y responsables de la formación de otros que han venido después. La Administración no debe ni puede olvidar su aportación en este campo después de tantos años de trabajo. Será necesario, por otra parte, que el texto legislativo sea conocido y asumido por todos los profesionales, dado que implica obligaciones, deberes y compromisos que deben adquirir ante la administración, los pacientes y sus familias».
A juicio de la doctora Francisco, la aplicación de la nueva Ley de Muerte Digna «va a generar no pocas dudas en todas las partes por lo que demandamos de la Administración la puesta en marcha de jornadas formativas en toda Andalucía dirigidas al colectivo profesional de paliativos, pero también a los cuidadores, a las familias. Es una ley delicada cuya aplicación debe hacerse con el máximo rigor pero también con la máxima transparencia por lo que ha de ser conocida y explicada, labor en la que podrán contar con la participación de esta sociedad científica».
Por otra parte, la presidenta de la SACPA les significó que el artículo 26 de la norma establece muy claramente que “los centros e instituciones sanitarias” garantizarán la estancia en habitación individual, con sus familiares, a pacientes en situación terminal. «Un artículo que tiene implicaciones económicas muy concretas que han de ser definidas lo antes posible en el posterior desarrollo reglamentario de la norma. Por eso demandamos el mismo nivel de participación en la confección del reglamento de la ley, que el que ha tenido su redacción por parte de los colectivos afectados».
«Andalucía, de nuevo, es innovadora en materia legislativa. Tienen ustedes a un colectivo profesional, el de los cuidados paliativos, dispuesto a ejercer su trabajo con la misma dedicación que lo ha hecho hasta ahora. Falta conocer si la Administración dotará de recursos para impulsar definitivamente el desarrollo de los cuidados paliativos en Andalucía», manifestó la presidenta de la SACPA ante la Comisión de Salud.
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